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Posición de CCC en relación a la pretendida reforma del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León

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Boletín de Prensa
21 de abril de 2015

Posición de Ciudadanos Contra la Corrupción (CCC) en relación a la reforma que permite ampliar de dos a seis años el periodo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y aumentar de 16 a 20 el número de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León.

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En relación al proceso que actualmente se lleva a cabo en el H Congreso del Estado en el que se considera ampliar de dos a seis años el periodo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y aumentar de 16 a 20 el número de magistrados, mismo que ya fue  aprobado por la Comisión de Justicia y Seguridad y que se pretende sea aprobado por el Pleno, “Ciudadanos Contra la Corrupción” considera que dichas reformas son  una intervención del Poder Ejecutivo con la cual queda en entre dicho la autonomía del Poder Judicial, así como el acuerdo y conflicto de intereses que estas ampliaciones y nuevos nombramientos entrañan entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado.

La Constitución estatal establece que los magistrados son aprobados por el Congreso a propuesta del Ejecutivo, por lo que el actual Gobernador podría elegir a los cuatro nuevos integrantes del Tribunal antes de terminar su sexenio en octubre.

Los cambios se presentarían al Pleno la próxima semana y, de avalarse, los legisladores convocarían un extraordinario antes de agosto, ya que la ley exige una votación en otro periodo de sesiones para su aprobación definitiva.

Por lo anterior CCC propone lo siguiente: un Consejo de la Judicatura, un Tribunal Superior de Justicia y un Tribunal de Justicia Administrativa cuyos integrantes sean designados sin la intervención del Poder Ejecutivo y con un procedimiento transparente que garantice su capacidad y honorabilidad, así como la imparcialidad de sus miembros.

Con el propósito de respetar la autonomía e independencia de cada uno de los Poderes Estatales, una vez que se haya presentado una vacante en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Superior de Justicia o en el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura hará una convocatoria dirigida a los Jueces Estatales, en la que se señalen los requisitos para ser aspirantes elegibles al cargo del que se trate, los cuales se extraerán de una ley aprobada para este fin.

Una vez calificados los aspirantes por el Consejo de la Judicatura, éste seleccionará a los cinco aspirantes mejor valuados. Éstos serán propuestos por el Consejo de la Judicatura al  Tribunal Superior de Justicia para que éste elija, por mayoría y mediante votación individual, libre y secreta, a quien deberá ser nombrado para el cargo correspondiente.

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