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Carta al H. Congreso de Nuevo León exigiendo nombre nuevo Auditor General del Estado

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H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Los que suscribimos, todos mexicanos y neoloneses, mayores de edad, en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos y civiles, con domicilio convencional para recibir todo tipo de notificaciones ubicado en la Calle Padre Mier No. 1504 Pte., Col. Obispado en Monterrey, Nuevo León y autorizando para tal efecto al Lic. Salvador Mariano Benítez Lozano, ante ustedes con todo respeto comparecemos y exponemos:

Que con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de la República y su correlativo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, acudimos ante ustedes para exigir el cumplimiento de la obligación que tiene el Congreso del Estado de Nuevo León para designar al Auditor General del Estado conforme nuestra propia Constitución lo establece en los artículos 63 fracción XIII, L, 125 y el título X de la propia Ley Suprema así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León conforme al artículo 78 y siguientes.

Nuestra exigencia se basa en las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Es un hecho público y notorio que el titular de la Auditoría Superior del Estado, C.P. Sergio Marenco Sánchez falleció el día 26 de marzo del año 2014. Dándose de inmediato el supuesto del artículo 140 de la Constitución Política de nuestro Estado, en relación al artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

SEGUNDA.- Ante el hecho externado en el punto anterior, el Congreso del Estado debió proceder mediante convocatoria pública, a la designación de un nuevo Titular, ya fuera por consenso o por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, en el entendido de que de no alcanzarse dicha votación se realizaría nueva convocatoria. Es también un hecho notorio y conocido que a esta fecha el Congreso ha realizado dos convocatorias para elegir al Auditor General del Estado, la primera el 14 de abril y la segunda el 14 de octubre, ambas del año 2014, no habiéndose obtenido la votación de dos terceras partes que establece la Constitución de nuestro Estado y la Ley de la Materia.

TERCERA.- Conforme a lo dispuesto por la propia fracción XIII del artículo 63 de nuestra Constitución, el Congreso del Estado deberá concluir la revisión de las cuentas públicas, a más tardar en los dos períodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepción del informe del resultado correspondiente, en la inteligencia de que las cuentas públicas de los órganos del Estado obligados deben presentarse a más tardar el día 31 de marzo del año siguiente a cada ejercicio fiscal, según dispone el propio artículo 137 de la indicada Ley Suprema.

CUARTA.- Conforme a lo anteriormente expuesto, es evidente que las cuentas relativas al ejercicio del año 2013, no pudieron ser revisadas y examinadas por el Auditor General del Estado, primero por su fallecimiento y segundo por virtud de no haberse procedido a su designación, conforme lo indica la Constitución de nuestro Estado y la Ley de la Materia.

QUINTA.- Como puede constatarse en las disposiciones legales invocadas, en ausencia de consenso o aprobación por dos terceras partes en la designación del Auditor General, deberá procederse a una nueva convocatoria lo cual debe ser en forma sucesiva y, como consecuencia, inmediata e ilimitada hasta en tanto se cumpla con la obligación establecida en la Constitución General del Estado, misma que los señores diputados juraron cumplir y hacer cumplir.

SEXTA.- Es un hecho notorio conocido por la sociedad y difundido ampliamente por los medios de comunicación que las principales fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, y que en conjunto tienen la votación de más de dos terceras partes de sus integrantes, no han llegado a un acuerdo sobre la designación del Auditor General del Estado, principalmente porque lejos de valuar la capacidad, imparcialidad, honestidad y fama pública de los Candidatos que se han registrado, han tratado de consensar una persona que responda más a los intereses de los partidos políticos y al actual Gobierno que a las características anteriormente mencionadas.

SEPTIMA.- Como es también del conocimiento público, de la cuenta del Estado del año 2012 se detectaron anomalías por $14,135,000,000.00 (catorce mil ciento treinta y cinco millones de pesos) y para la cuenta del año 2013 y tras la muerte del Auditor, las observaciones se redujeron a $2,158,000,000.00 (dos mil ciento cincuenta y ocho millones pesos). Estas irregularidades equivalen a casi la cuarta parte del saldo de la deuda pública del Estado. No deja de ser relevante y preocupante el hecho de que, conforme al artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidad e imponer sanciones, prescribe en cinco años, de tal suerte que en relación a la cuenta del año 2012 ya han transcurrido casi tres años.
Es responsabilidad de los Diputados, como representantes del pueblo, cuidar el dinero de los nuevoleoneses y realizar todos los actos necesarios para que se proceda a la fiscalización del uso de los recursos públicos y promover el castigo de quienes hayan dispuesto indebidamente de ellos.

OCTAVA.- Como consecuencia de todo lo anterior, el Congreso del Estado, deberá proceder de inmediato a convocar nuevamente a la ciudadanía neolonesa para que aquellas personas que se consideren aptas para ocupar el cargo, se registren como candidatos para ser Auditor General del Estado. Los líderes de las fracciones parlamentarias mayoritarias, así como los Diputados que las componen tienen responsabilidad directa frente al pueblo neolonés para encontrar a una persona apta, honesta e imparcial que revise las cuentas públicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado pedimos:

1.- Una respuesta pronta a nuestra exigencia conforme lo marcan las disposiciones constitucionales invocadas.

2.- Se proceda a una nueva convocatoria pública para la designación del Auditor General del Estado.

3.- Se conmine a los señores diputados pertenecientes a los partidos políticos mayoritarios, así como a todos los diputados en general, para que antepongan los intereses de los ciudadanos neoloneses a sus intereses partidistas.

4.- En caso de que existieren razones para no cumplir con lo anteriormente solicitado se responda también a la brevedad con la fundamentación y motivación correspondiente, a fin de que los ciudadanos podamos exigir la vigilancia del uso de los fondos públicos mediante los instrumentos legales que nuestra propia Constitución, las Leyes de Protección de los Derechos Humanos y las disposiciones de Organismos Internacionales establecen, relativos a la administración, cuidado de los bienes públicos y rendición de cuentas.

La ciudadanía neolonesa ya no resiste el mal uso de recursos públicos y la impunidad de quienes ilícitamente disponen de ellos.

Atentamente,

(CCC) Ciudadanos Contra La Corrupción

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